El coste mortal del petróleo

¿Cuánto crees que debería valer el petróleo? En Uganda, TotalEnergies cree que miles de vidas arruinadas y un ecosistema destruido es un precio justo. Discrepamos.

¿Qué harías si una empresa te empezase a decir cómo tienes que usar tu propia tierra?

En Uganda, el lago Alberto se encuentra en los distritos de Buliisa y Nwoya. Las comunidades locales viven de los cultivos que crecen en las tierras que lo rodean. La región contiene una flora y fauna únicas, una biodiversidad rica, elefantes, chimpancés, hipopótamos —y petróleo—.

En 2006 se descubrieron reservas de petróleo en las orillas del lago., La empresa energética francesa TotalEnergies vio una oportunidad de obtener beneficios por lo que compró acciones y se convirtió en el operador del proyecto Tilenga. En colaboración con las compañías petroleras China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)y Uganda National Oil Company (UNOC),. Juntos están desarrollando seis campos petrolíferos y perforando mas de 400 pozos, una tercera parte de ellos en un parque nacional protegido.

Lambert Coleman / Hans Lucas - Amis de la Terre France

Incluso antes de que se extraiga la primera gota de petróleo, el proyecto Tilenga lleva muchos años causando estragos en la región. Para desarrollar el proyecto, TotalEnergies necesitaba acceder a las tierras de más de una cuarta parte de las comunidades que viven en Buliisa, pero ofreció escasa compensación a las familias afectadas; indemnizaciones que tardaron años en pagarse y que, para algunas, ni siquiera llegaron. Al no poder utilizar sus tierras libremente, las familias se han quedado sin medios de subsitencia y muchas están pasando hambre. El frágil y crucial ecosistema también está muy amenazado por el proyecto petrolero.

«A través de Atacama [su subcontratista], Total me impidió utilizar mis tierras y aun así no nos ha pagado. Ahora estoy en un total sufrimiento. No tengo manera de conseguir comida porque mi principal fuente de alimentación venía de labrar las tierras que me han arrebatado»

— Anónimo

El proyecto desatará un impacto devastador en el clima: las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la extracción y el uso final del petróleo serán mayores que las emisiones anuales de Uganda y Tanzania juntas.

Hasta hace poco, las iniciativas para exigir que TotalEnergies rinda cuentas se han enfrentado a importantes obstáculos. Las quejas a la empresa caen en saco roto. Se acosa y se detiene a lxs activistas. La población local se siente intimidada y tiene miedo de hablar con las ONG. En resumen, es imposible obtener justicia en un juego amañado.

«Tras ver a varios agentes de policía esperándome en mi despacho, tuve que dejar mi aldea. Tuve que trasladarme a otro distrito»

— Anónimo

Entonces, ¿cuál es la solución?

Unos requisitos de derechos humanos y de diligencia debida para las empresas con respecto al medio ambiente podrían haber evitado que este proyecto se pusiera en marcha. Si se hubieran consultado adecuadamente a las comunidades y se les hubiera proporcionado la información adecuada, innumerables familias seguirían teniendo sus hogares. Una verdadera diligencia debida en relación con el medio ambiente hubiera demostrado que el proyecto era extremadamente arriesgado.

Recientemente, seis ONG francesas y ugandesas decidieron utilizar la nueva ley francesa sobre el “deber de vigilancia” para presentar una demanda judicial contra Total. Si la demanda tiene éxito, Total se verá obligada a dejar de violar los derechos humanos y a proporcionar una compensación justa y por adelantado a las comunidades afectivas en Uganda.
Sin embargo, aquí no acaba la historia. La ley francesa contiene tantos vacíos legales que dificulta muchísimo el que las ONG y comunidades como aquellas en Uganda puedan obtener justicia.

Los demandantes de violaciones de los derechos humanos tienen que demostrar que Total no hizo lo suficiente para evitar estas violaciones, pero muchos documentos de la empresa que lo demuestran están en manos de ésta. En países autoritarios como Uganda, reunir pruebas y testimonios es difícil y peligroso. Los estudios sociales y medioambientales cuestan miles de euros

Esta historia muestra por qué una nueva ley de la UE debe empoderar a las comunidades para que obtengan justicia en los tribunales de la UE cuando se ignoran sus derechos humanos y asegurarse de que se obligue a las empresas como TotalEnergies a prevenir los daños al medio ambiente y al clima.

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NUESTRAS DEMANDAS

Exigimos una ley de diligencia debida que:

Haga que las empresas respeten los derechos humanos, el medio ambiente y el clima.
Imponga a las empresas obligaciones estrictas y sin rodeos para prevenir y poner fin a los daños.
Haga responsables ante los tribunales a las empresas matrices por los daños que puedan suceder en cualquier punto de su cadena de valor. ¡Sin vacíos legales!
Garantice las negociaciones colectivas de los sindicatos y que verdaderamente dé voz a lxs representantes de lxs trabajadorxs en lo que a la diligencia debida se refiere, en cada paso del proceso.
Aborde la crisis climática haciendo que las empresas reduzcan drásticamente las emisiones en toda su cadena de valor.
Proteja el planeta haciendo responsables a las empresas de todos sus posibles daños al medio ambiente.
Aplique los requisitos de diligencia debida a todas las relaciones comerciales a lo largo de sus cadenas de valor.
Empodere a las personas perjudicadas por malas prácticas empresariales, a los sindicatos y a la sociedad civil para que puedan obtener justicia en los tribunales de la UE.
Obligue a las empresas a consultar con todas las personas que se ven, o puedan verse, afectadas por las actividades empresariales y obtenga su consentimiento cuando sea necesario.
Otorgue a los organismos de control el poder de investigar rigurosamente y sancionar a las empresas.

Conoce mas

Por qué es importante

La Unión Europea afirma que quiere proteger los derechos humanos y conducirnos hacia un futuro sostenible.

Pero las tropelías no dejan de acumularse. Durante décadas, las empresas europeas han explotado a su personal, sobre todo en los países empobrecidos. Han desplazado a comunidades enteras, privándolas de sus hogares y de sus medios de vida, o talado árboles centenarios para obtener beneficios económicos. Que nadie se extrañe si nos lo tomamos con cierto escepticismo.

El planeta y sus habitantes llevamos demasiado tiempo pagando el pato por las corporaciones sin escrúpulos. Y, la verdad, ya nos hemos hartado.

Es posible crear un mundo más justo. Un mundo en el que las empresas respetan los derechos laborales y las vidas y el sustento de las comunidades, contribuyen a que los productores salgan de la pobreza y permiten que el planeta prospere. Un mundo en el que toda su población pueda acceder a la justicia si ha sufrido daños por malas prácticas empresariales.

Si creamos leyes que obliguen a las empresas a responsabilizarse de las consecuencias de sus actos, los productos que necesitamos para vivir ya no estarán manchados de sufrimiento y destrucción.

A principios de 2022, la Comisión Europea propuso una ley que podría hacer realidad esta rendición de cuentas por parte de las empresas. Pero ese solo es el primer paso para limpiar de arriba a abajo las cadenas de suministro basadas en la explotación.

Este es el momento en que necesitamos tu ayuda para plantarnos contra los lobbies empresariales, que están trabajando a fondo entre bambalinas para que la propuesta quede en agua de borrajas.

Debemos defender una legislación que de verdad cree un tejido empresarial más justo. Reglas que protejan a las personas y al planeta del que dependemos. Porque la justicia es un bien común.