La empresa que se escabulló tras devastar el litoral peruano

Cómo causar un derrame petrolero del tamaño de París —y salirte con la tuya—.

En enero de 2022 se vertieron 11.900 barriles de petróleo en la costa limeña del mar de Ventanilla, en Perú, provocando uno de los peores desastres ecológicos que ha azotado a la capital. Sucedió cuando el buque italiano Mare Doricum, contratado por la empresa energética española Repsol, estaba descargando petróleo crudo en las tuberías submarinas de la refinería La Pampilla.

El petróleo crudo cubrió una superficie del tamaño de París. Más de 1.500 pescadorxs de comunidades costeras perdieron sus medios de subsistencia y la capacidad de mantener a sus familias. Se encontraron muertos unos 300 pájaros, incluyendo algunos de especies amenazadas, tales como el pingüino de Humboldt.

Ante los daños inmediatos e irreparables a miles de hectáreas de zona costera marina y las vidas de innumerables familias que dependen de la costa para su sustento, ¿qué hizo Repsol?

Nada.

Bueno, eso no es del todo cierto.

Primero, informaron de un derrame mucho menos extenso del que realmente sucedió. Cuando no se pudo ocultar la verdad, culparon a las olas irregulares de hacer que el derrame fuera “inevitable”.

Focsiv

Ahora están enzarzados en un tira y afloja legal con el gobierno peruano. Si bien la ley peruana responsabiliza a Repsol de la limpieza y la indemnización, la inestabilidad política del país y la falta de aplicación efectiva de la ley impiden que haya justicia real.

Y mientras las empresas siguen pasándose la pelota, no hay compensación ni limpieza alguna a la vista para lxs pescadorxs que han estado sin trabajo durante meses.

Ni para los miles de pájaros que siguen ahogados en petróleo, medio año después del derrame.

Tampoco para las hectáreas de zonas protegidas de importancia local, que ahora se han vuelto tóxicas.

«Podría haber más enfermedad, más muertes. Con el tiempo, no será visible; nadie sabrá que la contaminación está ahí. Pero, al consumir estos contaminantes, también podríamos correr el riesgo de que bajen nuestras defensas. Aún no podemos saber cuál es la magnitud»

— Yuri Hooker, un biólogo marino local, en su testimonio para el Washington Post.

En los días que siguieron a la catástrofe, la gente salió a la calle para exigir justicia y acciones para descontaminar el entorno. Pero Perú históricamente no ha tenido mucho éxito en conseguir que las grandes empresas se hagan responsables de la contaminación que han causado.

Ahí es donde entra en juego una sólida ley de diligencia debida de la UE.

Al establecer obligaciones estrictas para prevenir y poner fin a los daños, la repetitiva historia de la negligencia empresarial termina aquí.

Hoy, el petróleo es menos visible, pero su impacto tóxico persiste —y así permanecerá hasta que las leyes autoricen a las personas a pedir cuentas a empresas como Repsol—.
Por eso estamos haciendo de la justicia un asunto de todxs.

Firma el llamado

NUESTRAS DEMANDAS

Exigimos una ley de diligencia debida que:

Haga que las empresas respeten los derechos humanos, el medio ambiente y el clima.
Imponga a las empresas obligaciones estrictas y sin rodeos para prevenir y poner fin a los daños.
Haga responsables ante los tribunales a las empresas matrices por los daños que puedan suceder en cualquier punto de su cadena de valor. ¡Sin vacíos legales!
Garantice las negociaciones colectivas de los sindicatos y que verdaderamente dé voz a lxs representantes de lxs trabajadorxs en lo que a la diligencia debida se refiere, en cada paso del proceso.
Aborde la crisis climática haciendo que las empresas reduzcan drásticamente las emisiones en toda su cadena de valor.
Proteja el planeta haciendo responsables a las empresas de todos sus posibles daños al medio ambiente.
Aplique los requisitos de diligencia debida a todas las relaciones comerciales a lo largo de sus cadenas de valor.
Empodere a las personas perjudicadas por malas prácticas empresariales, a los sindicatos y a la sociedad civil para que puedan obtener justicia en los tribunales de la UE.
Obligue a las empresas a consultar con todas las personas que se ven, o puedan verse, afectadas por las actividades empresariales y obtenga su consentimiento cuando sea necesario.
Otorgue a los organismos de control el poder de investigar rigurosamente y sancionar a las empresas.

Conoce mas

Por qué es importante

La Unión Europea afirma que quiere proteger los derechos humanos y conducirnos hacia un futuro sostenible.

Pero las tropelías no dejan de acumularse. Durante décadas, las empresas europeas han explotado a su personal, sobre todo en los países empobrecidos. Han desplazado a comunidades enteras, privándolas de sus hogares y de sus medios de vida, o talado árboles centenarios para obtener beneficios económicos. Que nadie se extrañe si nos lo tomamos con cierto escepticismo.

El planeta y sus habitantes llevamos demasiado tiempo pagando el pato por las corporaciones sin escrúpulos. Y, la verdad, ya nos hemos hartado.

Es posible crear un mundo más justo. Un mundo en el que las empresas respetan los derechos laborales y las vidas y el sustento de las comunidades, contribuyen a que los productores salgan de la pobreza y permiten que el planeta prospere. Un mundo en el que toda su población pueda acceder a la justicia si ha sufrido daños por malas prácticas empresariales.

Si creamos leyes que obliguen a las empresas a responsabilizarse de las consecuencias de sus actos, los productos que necesitamos para vivir ya no estarán manchados de sufrimiento y destrucción.

A principios de 2022, la Comisión Europea propuso una ley que podría hacer realidad esta rendición de cuentas por parte de las empresas. Pero ese solo es el primer paso para limpiar de arriba a abajo las cadenas de suministro basadas en la explotación.

Este es el momento en que necesitamos tu ayuda para plantarnos contra los lobbies empresariales, que están trabajando a fondo entre bambalinas para que la propuesta quede en agua de borrajas.

Debemos defender una legislación que de verdad cree un tejido empresarial más justo. Reglas que protejan a las personas y al planeta del que dependemos. Porque la justicia es un bien común.