Las víctimas de la moda: la fábrica pakistaní que fue una trampa mortal
¿Cuánto costaron tus jeans? Más allá de las etiquetas, la ropa que llevamos tiene un coste mucho más elevado para las personas que la fabrican.
Escaleras accesibles. Salidas suficientes. Vías de evacuación claramente marcadas. Una alarma de incendios operativa. Son simples medidas que podrían haber salvado las vidas de 258 trabajadorxs de la fábrica de Ali Enterprises en Karachi (Pakistán).
Cuando estalló un incendio en la fábrica textil la noche del 11 de septiembre de 2012, lxs trabajadorxs no tenían adónde ir. Estaban atrapadxs en un laberinto de salidas de emergencia bloqueadas, ventanas con barrotes y puertas que no conducían a ninguna parte.
Entonces, ¿quién debe asumir la responsabilidad de lo que sucedió?
La fábrica producía textiles para varios minoristas, pero la tienda de descuento alemana KiK compraba hasta el 75 % de los productos de la fábrica y era su cliente principal.
Como el “gran jefe”, KiK tenía el poder de exigir mejores estándares de seguridad contra incendios. KiK afirmaba que la empresa visitaba la fábrica con regularidad e incluso pedía a las empresas de auditoría que evaluaran las condiciones de trabajo. Eso significa que KiK conocía —o debería haber conocido— cuáles eran las condiciones de la fábrica.
Entonces, es un caso claro, ¿verdad? Bueno, no del todo.
En vez de asumir la responsabilidad, KiK, lxs propietarixs de la fábrica, las autoridades pakistaníes y la certificadora italiana RINA —la cual emitió un certificado que confirmaba los elevados estándares de seguridad y sociales de la fábrica apenas semanas antes del letal incendio— se acusaron los unos a los otros.
Finalmente, KiK accedió a pagar un millón de dólares como ayuda de emergencia a la vez que negaba su responsabilidad por las muertes. A lxs trabajadorxs y familias afectadas por el incendio esto les sentó como una bofetada.
En 2015, con el apoyo de las ONG alemanas ECCHR y Medico International, cuatro de las personas afectadas presentaron una demanda contra KiK en un tribunal regional alemán, exigiendo 30,000 € por cada demandante en concepto de daños y perjuicios. El tribunal desestimó la demanda, basándose en un tecnicismo de la ley paquistaní.
En definitiva: ningún tribunal se ha pronunciado jamás sobre si KiK tiene, aunque sea, parte de responsabilidad por las muertes y lesiones.
Este es solo un ejemplo de la sórdida realidad de las cadenas de suministro globales: por todo el mundo, lxs trabajadorxs se esfuerzan, se les obliga a hacer un exceso de horas extra, se les niegan las bajas por enfermedad e incluso se les amenaza e intimida cuando reclaman sus derechos.
Estas infracciones están entretejidas en la fabricación de las camisetas y los vaqueros que nos ponemos, y este terrible coste de la ropa se empaqueta y se presenta como si de una oferta estupenda se tratase.
Entonces, ¿podrán cambiar realmente las cosas algún día?
Sí. La respuesta es siempre sí. Una sólida ley de diligencia debida de la UE puede plasmar lo evidente en una ley concreta: una ley que especifique que las empresas son responsables de los daños que se produzcan en cualquier eslabón de su cadena de suministro.
Mientras KiK ha accedido a pagar una cifra adicional a las víctimas de las familias, sigue sin responsabilizarse en absoluto de lo ocurrido.
La ley también puede empoderar a aquellas personas que sufren a causa de las malas prácticas comerciales para obtener justicia en los tribunales europeos. Al igual que muchas de las personas que sobrevivieron al incendio en Ali Enterprises, Muhammad Hanif ya no puede trabajar debido a sus problemas cardíacos y pulmonares crónicos. KiK no debería estar tardando tanto en pedir disculpas y pagar los daños que ha causado. No debería tardar nada en absoluto.
En resumen: lxs trabajadorxs son personas. Es hora de que las empresas empiecen a tratarlxs como tales, y no solo como a máquinas de crear ganancias que utilizan para enriquecer sus negocios. Y si las empresas no lo hacen por sí mismas, necesitamos una ley que haga que sea la única opción.
