Un centro comercial belga construido a base de trabajo no remunerado

Un turbio laberinto de subcontratos en una obra de construcción en Charleroi (Bélgica) llevó a algunos trabajadores al borde del suicidio. Trabajaban en condiciones muy abusivas y estaban deliberadamente divididos para impedir la acción colectiva.

Rive Gauche es un centro comercial en Charleroi que se construyó entre 2014 y 2017. Como en muchos proyectos de construcción, el cliente -en este caso, el canadiense Groupe St. Lambert- subcontrató a múltiples organizaciones para suministrar trabajadores y supervisar el proceso de construcción.

Esta telaraña de subcontratistas sospechosos y empresas ilocalizables condujo a una pesadilla viviente. Lambert firmó un contrato con las exitosas empresas constructoras belgas Valens s.a. y Duchene s.a. (Valens-Duchene). Éstas, a su vez, contrataron el trabajo de construcción a la empresa italiana Consorzio edile, que a su vez contrató al Gruppo Bison s.r.l., dirigido por Aldo Bison, para gestionar el contrato.

La cosa no acabó ahí. El Gruppo Bison controlaba cientos de obras, pero no tenía ningún empleado registrado. En cambio, contrataba a pequeñas empresas efímeras para suministrar trabajadores a las obras en Europa.

Los empleados eran trasladados a Bélgica sin permiso de trabajo; algunos ni siquiera sabían que eran víctimas del tráfico de personas ni que estaban empleados ilegalmente. Las empresas que aún no habían pagado a sus trabajadores quebraron de repente. A los trabajadores se les asignaban supervisores y alojamientos diferentes en función de su nacionalidad. Los turnos largos eran la norma. Los abusos laborales continuaban incluso después de las inspecciones, y la responsabilidad de la seguridad social no se había aclarado.

El 14 de abril de 2016, las tensiones culminaron cuando siete trabajadores egipcios se subieron a una grúa y amenazaron con saltar si no se les pagaban sus salarios.

«Como suele ocurrir en el ‘social dumping’, todo este entramado de empresas se organizó deliberadamente para que los beneficios y el poder quedaran en manos de los contratistas principales, y se externalizaran el riesgo y las responsabilidades a las empresas más pequeñas, a menudo extranjeras.»
Carlo Briscolini, secretario general de la Fédération Générale du Travail de Belgique (Federación General del Trabajo de Bélgica) de Charleroi

Valens-Duchene se libró fácilmente de su responsabilidad al poner fin al acuerdo con el Consorzio edile y el Grupo Bison, dejando al Consorzio como responsable del pago a 77 trabajadores impagados y de una sanción de 500.000 euros a Valens-Duchene.

Pero el caos no había terminado. Sólo dos meses después, ocho trabajadores rumanos de la obra protestaron contra las condiciones y fueron atacados en la calle. Los directivos de su empresa subcontratada les ofrecieron dinero para que guardaran silencio.

En marzo de 2017, Bison Group presentó con orgullo un contrato en el que se afirmaba que se había pagado a todos los trabajadores, firmado por todos los que trabajaban en la obra, trabajadores cuya capacidad para mantener sus permisos dependía de la continuidad de sus contratos.

Prácticas de subcontratación similares y el abuso de los derechos de los trabajadores siguen siendo la norma en el sector de la construcción y otras industrias en Europa. Estos modelos confusos y las prácticas empresariales de explotación dividen a la mano de obra, propagan los abusos de los derechos laborales y complican la identificación de los responsables.

La construcción de la Rive Gauche muestra lo difícil que es responsabilizar a las empresas, incluso dentro del territorio de la Unión Europea.

También muestra cómo los trabajadores deben participar en las consultas de diligencia debida y en las decisiones clave, para garantizar que tengan un acceso claro a la justicia.

«Cuando las grandes empresas violan los derechos de los trabajadores, suelen respetar los requisitos administrativos»
Carlo Briscolini, secretario general de la FGTB de Charleroi

Sin una ley de la UE que garantice los derechos humanos a lo largo de las cadenas de valor, los trabajadores corren el riesgo de verse abocados a la desesperación.

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NUESTRAS DEMANDAS

Exigimos una ley de diligencia debida que:

  1. Haga que las empresas respeten los derechos humanos, el medio ambiente y el clima.
  2. Imponga a las empresas obligaciones estrictas y sin rodeos para prevenir y poner fin a los daños.
  3. Haga responsables ante los tribunales a las empresas matrices por los daños que puedan suceder en cualquier punto de su cadena de valor. ¡Sin vacíos legales!
  4. Garantice las negociaciones colectivas de los sindicatos y que verdaderamente dé voz a lxs representantes de lxs trabajadorxs en lo que a la diligencia debida se refiere, en cada paso del proceso.
  5. Aborde la crisis climática haciendo que las empresas reduzcan drásticamente las emisiones en toda su cadena de valor.
  6. Proteja el planeta haciendo responsables a las empresas de todos sus posibles daños al medio ambiente.
  7. Aplique los requisitos de diligencia debida a todas las relaciones comerciales a lo largo de sus cadenas de valor.
  8. Empodere a las personas perjudicadas por malas prácticas empresariales, a los sindicatos y a la sociedad civil para que puedan obtener justicia en los tribunales de la UE.
  9. Obligue a las empresas a consultar con todas las personas que se ven, o puedan verse, afectadas por las actividades empresariales y obtenga su consentimiento cuando sea necesario.
  10. Otorgue a los organismos de control el poder de investigar rigurosamente y sancionar a las empresas.
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